Mucho es lo que se ha escrito sobre el cambio climático y, entre el alarmismo y el escepticismo, los debates son numerosos. La polémica se cristalizó sobre todo a fines del siglo XX alrededor de los orígenes antrópicos o no de dicho cambio. Desde entonces, se ha creado un consenso en torno al reconocimiento de la relación comprobada entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el calentamiento del clima. En la actualidad, con excepción de algunos climato-escépticos que todavía lo niegan, el impacto de las actividades humanas sobre la concentración de CO2 en la atmósfera ya es reconocido, aun cuando también se admite que una parte de la variabilidad climática es de origen natural.

 

El cambio climático no es simplemente un concepto, una idea abstracta. Se traduce concretamente en la vida cotidiana de muchas poblaciones. En efecto, las lluvias antes regulares ya no lo son tanto; las sequías antes excepcionales van dejando de serlo; las estaciones parecen haberse desordenado. Es por ello que a veces se prefiere el término de “cambios climáticos” en plural. El GIEC (Grupo de Expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima), creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA) en 1988 y que es una referencia en la materia, intitula por ejemplo su último y cuarto informe de evaluación técnica “Cambios climáticos 2007” (en plural) y los define como la “variación del estado del clima, que puede detectarse (por ejemplo mediante pruebas estadísticas) por modificaciones del promedio y/o de la variabilidad de sus propiedades y que persiste por un largo período, generalmente décadas o más. Los cambios climáticos puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o cambios antrópicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras […]”.)

 

Estos cambios de clima tienen múltiples impactos para el hombre y sus actividades. Una de las primeras consecuencias directas es el ascenso del nivel medio del mar debido a la dilatación de los océanos y el derretimiento de los glaciares al mismo tiempo. Ello representa una amenaza directa para la supervivencia de algunas islas del Pacífico, tales como Tuvalu. La modificación de los regímenes de precipitaciones es otra de las consecuencias, con una imprevisibilidad de las lluvias que representa una amenaza importante para la seguridad alimentaria. Aunque todavía sujeto a polémicos debates, el aumento de la frecuencia de las catástrofes naturales como ciclones, inundaciones o movimientos de tierra también podría estar vinculado con los cambios climáticos. Es en torno a estos fenómenos que se plantea el debate sobre los “refugiados climáticos”, concepto alrededor del cual se ponen en juego muchas problemáticas.

 

Pueden distinguirse dos tipos de acción en la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias: la atenuación y la adaptación. La atenuación concierne a las medidas que apuntan a “reducir las fuentes o aumentar los sumideros de gases con efecto invernadero”¹. La adaptación, en tanto, se refiere al “ajuste de los sistemas naturales o humanos en respuesta a estímulos climáticos presentes o futuros o a sus efectos, con el fin de minimizar sus efectos nefastos o explotar oportunidades beneficiosas”².

 

Atenuación

A nivel internacional, el Protocolo de Kyoto es una gran iniciativa dentro del campo de la atenuación. Dicho tratado internacional representa un paso importante, pues fija objetivos cifrados y estipula límites para reducir las emisiones de seis gases con efecto invernadero: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los hidrocarburos perfluorados (PFCs) y el hexafluoruro de azufre (SF6). El Protocolo se firmó el 11 de diciembre de 1997 con ocasión de la tercera Conferencia Anual de las Partes en Kyoto, Japón. Entró en vigencia el 16 de febrero de 2005 y fue ratificado por 168 Estados (en 2010). El objetivo global era reducir entre 2008 y 2012 en un 5,2% en relación al nivel de 1990 las emisiones de gases con efecto invernadero. Cada país denominado del “Anexo B”, mayoritariamente constituido por países desarrollados, posee su propio objetivo de reducción de emisiones. Para apoyar a los Estados en este proceso, el Protocolo de Kyoto implementa tres mecanismos: un sistema de intercambio de permisos de emisiones, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) o Clean development mechanism (CDM) y el Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC) o Joint Implemenation (JI). El MDL permite a los países del Anexo B financiar proyectos de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero en países en desarrollo (los que están fuera del Anexo B) y, cumpliendo con algunas condiciones, obtener a cambio créditos de carbono que pueden ser vendidos o utilizados para compensar algunas emisiones. El MIC permite hacer lo mismo para proyectos situados dentro de los países del Anexo B.

 

También hay iniciativas que se han tomado a nivel regional y nacional. La Unión Europea, por ejemplo, se comprometió con los objetivos llamados “tres veces veinte”: se trata, de aquí a 2020, de reducir en un 20% (hasta 30% en caso de acuerdo internacional) sus emisiones de gases con efecto invernadero en relación al nivel de 1990, de alcanzar una proporción del 20% de energías renovables en su consumo total de energía y de mejorar su eficacia energética en un 20%. Para alcanzar esos objetivos, la Unión Europea se dotó de instrumentos específicos, en particular a través de su Paquete Energía-Clima que crea tres mecanismos de cooperación: el de las transferencias estadísticas, el de los proyectos comunes y el de los regímenes de ayuda comunes. Aun cuando hasta el 2012 no se haya utilizado ninguno de ellos, hay otra área de la acción europea que funciona con éxito en cierta medida: se trata del SECE (Sistema Europeo de Comercio de Emisiones) o EU ETS (European Union Emissions Trading System).Este sistema instaura un mercado de bonos de carbono a escala europea. Involucra a unas 12.000 instalaciones de la UE y cubre alrededor del 40% de sus emisiones de gases con efecto invernadero. A principios de cada año, las instalaciones involucradas reciben una cantidad determinada de bonos de carbono correspondiente a sus emisiones de gases con efecto invernadero autorizadas. Al final de cada año deben devolver la cantidad de bonos correspondientes a sus emisiones (un bono es equivalente a una tonelada de CO2 equivalente emitida). Si emiten más, deben comprar bonos; si emiten menos, pueden venderlos. Por el momento la gran mayoría de los bonos son regalados a las instalaciones, pero a partir de 2013, el 50% de los bonos serán subastados, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2027.

 

Adaptación

 

El trabajo de adaptación consiste en tomar en cuenta, desde ahora mismo, los impactos de los cambios climáticos en las decisiones y actividades actuales, con el fin de aumentar la resiliencia de las poblaciones para reducir el impacto de los cambios climáticos sobre sus medios de existencia. Las acciones en este campos son muy diversificadas y pueden realizarse tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, aun cuando las poblaciones más vulnerables residen en estos últimos. Se trata, por ejemplo, de desarrollar la agroforestería, de sensibilizar a las poblaciones agrícolas frente a la imprevisibilidad de las precipitaciones y de desarrollar buenas prácticas en relación a ello, rehabilitar los manglares como barreras naturales y como sumideros de CO2, o bien repensar el abastecimiento de agua de las zonas que dependen principalmente de glaciares en vías de desaparición.

 

Estas medidas de adaptación tienen un costo importante. Aunque es difícil calcularlo exactamente, un estudio del Banco Mundial³ estima que, para un aumento de la temperatura de 2°C de aquí al año 2050, los costos de adaptación oscilarían entre 75 y 100 mil millones de dólares anuales entre 2010 y 2050. En los hechos, los financiamientos para la adaptación no están siendo realmente considerados. A nivel internacional existe el Fondo de Adaptación vinculado al Protocolo de Kyoto, cuyo financiamiento está garantizado principalmente por una retención del 2% de los bonos de carbono generados por los proyectos MDL; y tres fondos manejados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) que financian proyectos de adaptación por un valor de 400 millones de dólares⁴ (en 2011).

Existen otras iniciativas para financiar acciones de atenuación y de adaptación. Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima, creado en Cancún en 2010, o algunas “Fast Start Finance” que representan el compromiso tomado por los países desarrollados en Copenhague en 2009, de brindar 30 mil millones de dólares de financiamiento nuevos y adicionales entre 2010 y 2012. Pero en los hechos estas iniciativas llevan bastante tiempo para ser implementadas y la gobernanza y los criterios de asignación de los fondos se confrontan con múltiples dificultades.

 

En búsqueda de una cooperación mundial

Los fondos para la atenuación y la adaptación no son los únicos ausentes en el escenario internacional. La voluntad política de los Estados tampoco está presente en la actualidad. En efecto, el régimen climático instaurado por el Protocolo de Kyoto expiraba en 2012. La 15a Conferencia de las Partes en Copenhague en 2009 debía ser la piedra angular para el régimen post-2012 pero terminó resultando un fracaso. La 17a Conferencia de las Partes en Durban en 2011 mostró un esbozo de consenso con la adopción de una hoja de ruta hasta 2015 para el establecimiento de un pacto global de reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero, que debería entrar en vigencia en 2020. Dicho acuerdo reúne por primera vez a todos los países en la lucha contra el cambio climático, pero no es jurídicamente vinculante. Esa hoja de ruta también prevé una posible prolongación del Protocolo de Kyoto por un período de 5 a 8 años, apoyada por la Unión Europea pero rechazada especialmente por Canadá, Rusia y Japón. Frente a este desafío global, la respuesta sólo puede ser eficaz si proviene de una cooperación mundial concertada, que por el momento parece estar a medio hacer. ¡Qué distinto sería si el cambio climático pudiera tener bigotes…!⁵

1. Glosario del GIEC (Grupo de expertos intergubernamental sobre la evolución del clima – IPCC)
2. Ibid.
3. The Costs to Developing Countries of Adapting to Climate Change – New Methods and Estimates, The Global Report of the Economics of Adaptation to Climate Change Study, Consultation draft, World Bank, 2010.
4. Financiar la adaptación al cambio climático, FMAM, 2011.
5. En su artículo “If only gay sex caused global warming”, publicado en Los Angeles Times el 2 de julio de 2006, Daniel Gilbert explica que el cerebro humano reacciona a las amenazas que poseen cuatro características. La primera es que sea de origen humano (de allí los bigotes), la segunda es que viole nuestra moral, la tercera que la amenaza sea inminente y la última que los cambios sean perceptibles. Es decir, cuatro características que no tiene el cambio climático, lo que podría explicar que se esté haciendo tan poco para luchar contra él.