La gobernanza mundial es el sistema formado por el conjunto de reglas, procesos y actores, institucionales y otros, que rigen el planeta o más concretamente, que intervienen o forman parte de las tomas de decisiones que tienen lugar a escala planetaria. El alcance temático de la gobernanza planetaria en la actualidad se extiende más allá de la seguridad y la resolución de conflictos, temas propios de las relaciones internacionales, y abarca ámbitos como el cambio climático, la contaminación, la gobernanza energética y de los recursos, la biodiversidad, el desarrollo, la producción económica, la moneda, las finanzas, el consumo o el papel de la industria armamentística en un mundo de relativa paz. Entre los protagonistas de la gobernanza mundial se pueden contar las instituciones globales, las instituciones regionales, los Estados-nación, la sociedad civil mundial, las grandes corporaciones, y grupos con intereses varios tales como sindicatos, federaciones deportivas, iglesias, así como redes delictivas y criminales tales como mafias, traficantes y terroristas, entre otros. Por otro lado en los últimos cincuenta años se ha ido desarrollando regulaciones relacionadas con la creación de un mercado mundial mediante la acción de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI, es decir el Banco Mundial y el FMI) y con un primer fundamento de los derechos cívicos internacionales basados en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Carta de las Naciones Unidas. Más recientemente han visto la luz convenciones internacionales, acuerdos regionales y otro tipo de mecanismos relacionados con temas específicos orientados a organizar la coordinación extraestatal.

El poder de los actores de la gobernanza mundial es muy desigual, y las dispares relaciones que tejen entre ellos son fruto del conflicto entre intereses particulares que muchas veces se regatean en función de la fuerza de los contrincantes, ignorando la ética y la responsabilidad de cada uno respecto del interés común y usando todos los medios a su alcance, incluyendo el recurso a la violencia, el genocidio y la destrucción masiva. Las consecuencias de la anarquía resultante son nefastas para el conjunto de la humanidad y para el medio ambiente. La gobernanza mundial precisa ser plenamente redefinida y reconstruida, si bien la crisis de la gobernanza es una dimensión más de una crisis multifacética (ambiental, energética, económica, productiva, financiera, alimenaria, sanitaria, ideológica, ética…) que sacude el planeta y que nos invita a replantear los fundamentos de la civilización ultramoderna en la que vivimos. Las institucione – atrapadas en las entrañas de la crisis- han sido hasta ahora incapaces de refundarse y de aportar respuestas a la altura de los desafíos. Las regulaciones y los mecanismos no han sabido adaptarse a la evolución de las necesidades humanas y ambientales.

En lo político, los Estados han dominado tradicionalmente las relaciones internacionales y los más poderosos de entre ellos ejercen un dominio considerable sobre las instituciones del sistema de Naciones Unidas y sobre los bloques regionales de tipo militar o económico (Unión Africana, Unión Europea, Unasur, ASEAN, OTAN, Grupo de Shanghai…). Si por un lado Occidente ha conseguido exportar a buena parte del resto del mundo la imperfecta democracia representativa liberal, por otro lado ha demostrado muy poca voluntad para extender este sistema a la esfera política mundial, ni tampoco para mejorar la calidad democrática del propio Estado o para democratizar el funcionamiento de la economía y de otros sectores sociales. El culebrón geopolítico que tiene por personajes a los Estados y grupos de Estados con sus conflictos territoriales y mercantiles que se cobran miles y a veces hasta millones de víctimas, con intereses cada vez más ajenos a las necesidades de sus ciudadanos, ocupa la mayor audiencia de la escena global mientras que los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil y la propia ciudadanía para la erradicación de la miseria, del hambre y de la violencia y para el desarrollo de una vida digna, pasa discretamente a un último plano. Por otro lado, este feudalismo político de casi doscientos Estados con realidades e intereses enormemente dispares, desde superpotencias y países emergentes, a Estados intervenidos, fallidos o fantasmas y a microestados, es incapaz de generar consensos para imponer obligaciones al poder privado en nombre del interés común mundial.

Así, más allá de la esfera política, la verdadera gobernanza mundial actual está en manos de la economía. Las lógicas del mercado y de las finanzas dominan las relaciones internacionales creando un órden anárquico, irresponsable, ineficaz desde una perspectiva social y en consecuencia ilegítimo. Esta gobernanza económica se caracteriza por la hiperinflación del mercado financiero en relación al mercado productivo y por el dominio de grandes bancos, agencias y actores especulativos sobre la economía real, y como consecuencia, por la sumisión de las políticas públicas de los Estados a los caprichos de este casino global sin rumbo fijo y sin otro mandato que el de su propio enriquecimiento, y que siempre juegan en detrimento de las necesidades sociales. En este contexto, las IFI, entre otras instituciones, se limitan, como expertos crupiers, a arbitrar el funcionamiento del juego de las finanzas mundiales en los que la confianza del mercado en el crecimiento dictamina el beneficio de unos pocos y la miseria de las grandes mayorías. Por otro lado, la mercantilización de diferentes ámbitos de producción y de servicios en las últimas décadas, como la ciencia, la cultura, la sanidad, la extraccion y tratamiento de recursos naturales se ha visto acompañada de la complicidad, la tolerancia o la impotencia de las instituciones internacionales con los abusos de poder de las grandes corporaciones dominantes en estos sectores. El primer protagonista de este fenómeno es una OMC independiente del mandato de la ONU y protagonista central del proceso de liberalización. Otros ejemplos de actuaciones deplorables son la OMS y su complicidad con las industrias farmacéuticas en la gestión de la gripe H1N1, o el reiterado compromiso de la FAO con las diferentes “revoluciones verdes” que apuestan por más tecnología para un problema, el hambre (ver: Hambre), que requiere en su lugar un compromiso político con el campesinado hoy por hoy inexistente.

 

Algunos problemas y desafíos de la gobernanza mundial

El carácter irreversible de la mundialización impone la necesidad de un proyecto de comunidad mundial. La mundialización ha alcanzado un umbral crítico a finales del siglo XX en el que una cantidad creciente y diferenciada de fenómenos ha superado la capacidad de gestión de los Estados. Por otro lado desde los años 1950 la humanidad comparte la necesidad de disuasión ante su propio terror nuclear y más recientemente la crisis ambiental pone en jaque la supervivencia del planeta. A diferencia de la gobernanza minimalista, desordenada y elitista actual, hace falta constituir una comunidad mundial que aborde los desafíos comunes y se rija mediante una gobernanza democrática, justa, responsable y sostenible.

Las instituciones internacionales son ilegítimas e incapaces de devenir agentes de cambio. En las IFI y en la OMC se toman decisiones relativas a la economía mundial que afectan a millones de ciudadanos que no eligieron a los representantes de estas instituciones, mientras que los enormes esfuerzos de las agencias de la ONU para combatir las carencias sociales y ambientales han sido a pesar de todo insuficientes para resolver los grandes problemas como la pobreza, la injusticia, la desigualdad o la degradación  ambiental. De hecho, la inoperancia de estas instituciones deriva de los conflictos de intereses entre sus financiadores: los Estados.

Estados, corporaciones y sociedad civil tampoco saben cómo resolver los desafíos generados por la mundialización. Los Estados, ni son capaces de generar acuerdos internacionales ambiciosos, ni tienen la intención de delegar parcelas estratégicas de poder político a otros actores. Por su parte las corporaciones, cada vez más poderosas, se limitan a cumplir el mandato capitalista que consiste en generar su propio beneficio económico. Mientras, la fragmentación de la sociedad civil es el reflejo de la dispersión de los Estados e ideologías que la financian.

La inmensa mayoría de los ciudadanos todavía no entendemos las consecuencias políticas de vivir en una aldea global. ­ Los movimientos sociales y ciudadanos de protesta todavía no disponen de suficiente solidez, voluntad o alcance ciudadano para articular sus intereses a escala mundial y movilizarse hacia una revolución compartida, a pesar de disponer de las tecnologías de comunicación adecuadas para ello. La casa común de siete mil millones de personas, que debería ser la última instancia legítima de una gobernanza mundial democrática, es hoy en día apenas una reunión posible entre desconocidos en la que algunos hemos entrado y nos estamos presentando unos a otros pero la mayor parte del tiempo nos recluimos en el reducido grupo de personas con el que entramos en el lugar de encuentro.

 

Algunas propuestas para una nueva gobernanza mundial.

Avanzar hacia una refundación ética y jurídica. Se precisa desarrollar espacios de diálogo sobre la formulación de los principios éticos y jurídicos de la nueva gobernanza mundial y su puesta en común. Esta formualción podría adoptar la forma de una o varias cartas de principios y de una Constitución mundial, que a su vez serviría de base o fundamento para elaborar una jerarquía de derechos y obligaciones aplicables a las diferentes instituciones internacionales y una lista de objetivos y medios para llevarlos a cabo. Por ejemplo, estableciendo sistemas de solidaridad y de redistribución permanentes para erradicar la pobreza y reducir la desigualdad. Otros instrumentos eficaces deberían garantizar la vida digna para las personas, una paz duradera y un respeto y promoción de la justicia y de los derechos humanos y la legitimidad del ejercicio del poder mediante la transparencia y la responsabilidad políticas. Más allá de estos textos fundamentales se deben sentar las base éticas de la práctica de las relaciones internacionales e interinstitucionales. En la práctica, “moralizar” la acción cotidiana significa reorientarla desde la búsqueda de beneficio económico y de satisfacción de intereses particulares al desempeño del interés común, que podría concretarse en el cumplimiento de objetivos definidos en la nueva constitución.

Dar un peso fundamental, político y económico, a las regiones. La región es un área intermedia entre el Estado y la Comunidad Mundial que debe ser fortalecida mediante la creación o consolidación de bloques regionales, con una representación permanente en la escena institucional mundial, y hacia los cuales los Estados deriven una parte de sus competencias. Las regiones, menores en número, podrán negociar más agilmente ciertas decisiones a escala mundial que los actuales casi doscientos estados, y serán más representativas que el actual G20, grupo de los países más poderosos. Por otro lado en los procesos de parcial “desglobalización” o “relocalización” de la economía hace falta caminar hacia la formación y consolidación de verdaderos mercados comunes de intercambio en África, Sur de Asia, Oriente Medio, América Central y otras regiones, que permitan acabar con las economías exocentradas y dependientes de todos estos países.

Refundar el funcionamiento democrático de las instituciones. La reforma de la gobernanza mundial es inseparable de una operación de completa transformación de las estructuras de Estado que prime la participación directa y la deliberación en los procesos de toma de decisiones, bajo un principio de soberanía ciudadana en cada escala de gobierno. Las democracias participativa y directa han experimentado un renacimiento en las últimas décadas a escala local,  si bien el mayor desafío es poder trasladar estas experiencias a escalas mayores del territorio (estatal, continental y mundial), introducirlas como engranaje central de la gobernanza de cada comunidad y hacer que funcionen establemente y en conformidad con los valores consensuados por el colectivo. El resultado ha de ser un sistema de comunidades plurales y democráticas que se instituyen desde el barrio hasta el conjunto del planeta, y que reflejan la diversidad cultural, religiosa, asociativa y política de nuestro mundo.

Institucionalizar la interdependencia y la soberanía compartida. Una gobernanza mundial responsable y democrática debe ser fruto de un proceso de cesión de soberanía y poder político de los Estados hacia otras escalas del territorio y una evolución hacia la articulación interinstitucional en la misma escala y la gestión compartida de las competencias entre escalas. Todas las decisiones a escala mundial deben ser tomadas siguiendo procesos de consulta en los territorios a partir de un principio de subsidiariedad.

Refundar las instituciones. Es necesaria una arquitectura institucional con más recursos y capacidades, más transparente, justa y democrática. Entre las propuestas más conocidas cabe citar la creación de una Asamblea o Parlamento Mundial, como organismo independiente o como primera Cámara de un sistema bicameral compartido con la actual Asamblea General (territorial) de la ONU; un Consejo de Seguridad regionalizado y sin derecho a veto para ningún miembro; un Consejo de Seguridad Económica y Social a la cual estaría supeditadas las actuales IFI y la OMC; una Organización Mundial del Medio Ambiente (OMMA); y un Tribunal Ambiental Internacional; una pequeña unidad de intervención rápida de base regional o mundial y con un mandato legítimo por parte de Naciones Unidas o de una autoridad regional competente, para la resolución rápida de conflictos. Todas estas instituciones refundadas o de nuevo cuño deberían acompañarse de sistemas de vigilancia independiente ciudadana y de una intervención reglada de la sociedad civil y otros actores externos.

Refundar el mercado. El capitalismo ha sido capaz de producir crecimiento económico pero incapaz de redistribuir la riqueza producida y crear justicia social. En lugar de esto se ha convertido en un mecanismo de acumulación en beneficio de una minoría cuya dosis de concentración de poder, a principios del siglo XXI, es incontrolable y peligrosa para la supervivencia del conjunto de la humanidad. Por ello es preciso cuestionar la actual tendencia liberalizadora de la economía de mercado y regularla estrictamente en función del desempeño del interés común mundial, que incluye el desarrollo y el equilibrio de las sociedades así como del medioambiente.