La Organización Mundial del Comercio (OMC) se ocupa de establecer las reglas de los intercambios comerciales entre los Estados. Se trata de un organismo independiente de la ONU, no elegido democráticamente, que tiene por misión desarrollar una agenda mundial de liberalización del comercio que ha acabado dictando el destino del planeta en las últimas décadas. La OMC supervisa unos 60 acuerdos con estatus de norma internacional y para los Estados su cumplimiento es obligatorio bajo pena de sanción. El componente más importante de la institución es el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que ha tratado a puerta cerrada más de 400 disputas comerciales entre países y bloques de países y cuya participación está vetada a los países menos industrializados. Los principios que rigen estas disputas se basan en la primacía de la estabilidad comercial independientemente del coste en vidas humanas y en calidad de vida de la población afectada por cada uno de los acuerdos.
Las áreas de productos y servicios afectadas por la liberalización se han ido extendiendo durante las últimas dos décadas a una mayoría de ámbitos económicos: comercio, industria, agricultura, agua, educación, sanidad, propiedad intelectual, etc. Las reglas comerciales que emanan de la OMC prevalecen sobre la normativa ambiental, laboral, sanitaria o de derechos humanos entre otras áreas del derecho internacional. Entre muchas consecuencias contradictorias y nefastas, directas e indirectas, de este perverso programa liberalizador se encuentra la aterradora colaboración mundial entre la agroindustria y la industria farmacéutica que conduce a las sucesivas crisis y escándalos de la alimentación industrial, y la obligación de pagar sanciones por la prohibición de productos alimentarios importados a pesar de que se ha demostrado su carácter perjudicial para la salud (por ejemplo, carne con hormonas)
Entre las políticas promovidas se distinguen las de desregulación o eliminación de las barreras legales; la privatización para substituir supuestas ineficiencias del control y la propiedad públicas; el libre comercio o apertura de fronteras al flujo de bienes y capitales; políticas de estabilización fiscal y monetaria consistentes en la reducción del gasto y el déficit público; y la promoción de la especialización económica que incrementa la desigualdad entre países ricos y pobres.
La agenda promovida por la OMC es ideológica en la medida en que conduce los beneficios de aquellos que los generan hacia las élites en un proceso mundial de concentración de la riqueza y de acumulación de ventajas de clase para los privilegiados. Sus consecuencias son el aumento del desempleo, el subempleo y la precariedad, el daño al medio ambiente, la especulación de los mercados financieros y los riesgos sistémicos debido a la integración mundial de los mercados. Por otro lado la privatización de servicios tales como el agua, la electricidad, la educación o la sanidad contribuye a la destrucción del Estado del bienestar y se convierte en un negocio que beneficia a las compañías y entramados multinacionales que se ofrecen como proveedores, a los gobernantes que participan en su venta, y también a los países que desarrollan políticas de reconversión de servicios en negocios, como la educación superior.
La paradoja de esta gobernanza del comercio internacional actual cuyo principal protagonista es la OMC, es la de aspirar a instaurar una equívoca igualdad de oportunidades entre socios extremamente desiguales. Los países ricos y con más poder se benefician mejor de ese sistema de reglas que niega compensaciones a los perdedores y contribuye a agravar la desigualdad y el círculo del subdesarrollo en ciertas regiones del mundo. Así, fruto del programa neoliberal, el nivel de pobreza ha doblado y a veces triplicado en los países desarrollados mientras que en los países en desarrollo no ha disminuido. Las 2/3 partes de las ganancias proyectadas en la Ronda de Doha van a parar a los países desarrollados. Las privatizaciones no han ayudado a combatir la pobreza sino que han permitido el acceso de las corporaciones transnacionales, en su mayoría del Norte, a los vastos recursos de los países del Sur. Para cumplir con las directivas de las diferentes rondas de la OMC y especialmente a partir de los encuentros de Doha y Cancún, estos países deben sacrificar una parte importante de sus propios objetivos de desarrollo.
Cuatro propuestas fundamentales para un comercio internacional responsable
Se precisa un paradigma del comercio que favorezca a los necesitados en lugar de mantener una engañosa igualdad de oportunidades entre lobos y ovejas. Cuatro cambios iniciales pueden componer un nuevo paradigma al servicio del desarrollo y el bienestar de los pueblos y del planeta. Estas son:
Principio jurídico de primacía de las necesidades y derechos de las personas y del medio ambiente. Hace falta establecer un principio de organización del derecho internacional según el cual el comercio está al servicio de las personas y del medio ambiente. Este principio permitirá una jerarquía entre normas en función de la pertinencia social de sus resultados. Aquellas que benefician directamente las personas y el medioambiente, porque promueven su protección y apoyo directo, deben prevalecer sobre las que sólo les benefician indirectamente, y de manera no demostrable, como las que tienen relación con la circulación de los bienes económicos. Este principio jurídico debe ser la columna vertebral de un sistema de mercado al servicio de la sociedad que suplante el actual sistema en el que es la sociedad la que está al servicio del mercado, y que desactive la mitología del materialismo como fuente de felicidad (ver *Gobernanza del Medioambiente)
Reorientación radical de la agenda de la OMC. La liberalización de los mercados y la privatización de los servicios y de los recursos naturales no pueden ser considerados beneficios en sí mismos. A pesar de que más mercado implica más interacción e intereses mutuos entre los pueblos, y en consecuencia menos riesgo de conflicto por causa de la existencia de intereses compartidos, quizás ha llegado un momento en la historia en que la paz pasiva por el mercado debe ser remplazada por una paz activa basada en una mundialización política. Para ello, hace falta dotar de nuevo sentido a los diferentes acuerdos e integrarlos como parte de un esquema de desarrollo mundial, tal vez una versión mejorada de los actuales Objetivos de Desarrollo del Milenio (ver *ODM) después de 2015.
Reorganización interna de la OMC y redefinición de su papel en la gobernanza mundial. A nivel interno de la organización, asegurar una participación reglada y equilibrada de los países y bloques regionales en todos los espacios de negociación. Para ello, se deben crear alianzas de apoyo y difusión de información entre los países más desfavorecidos, sociedad civil y expertos, especialmente en las negociaciones que comprometen a los sectores productivos fundamentales para la protección del bienestar (soberanías alimentaria y energética, equilibrio medioambiental, etc.) También se precisan medidas para abrir de par en par las puertas de estas reuniones informales en el seno de la OMC con mecanismos informativos que hagan transparente su funcionamiento antes, durante y después de cada negociación. A nivel externo, la OMC debe reconvertirse en una agenda más en el marco de una ONU refundada y democratizada (ver *ONU)
Redefinición de las reglas del comercio. Diferentes principios y normas han de servir para construir un comercio justo y sustentable a escala mundial. Entre ellas, el establecimiento de impuestos a las transacciones y sobre la huella ecológica; la obligación de integración de costos sociales y ambientales en cada decisión empresarial; un proteccionismo personificado en función de las necesidades sociales de cada país, controlado por mecanismos de revisión multilaterales o entre pares de acuerdo a unos objetivos comunes (por ejemplo, los Objetivos del Milenio); la generalización de una visión económica alternativa que utilice indicadores que definen el incremento de la calidad de vida independientemente del crecimiento o decrecimiento de la producción material; la creación de alianzas o redes mundiales multiactores (Instituciones internacionales, redes ciudadanas de consumidores, sociedad civil, Estados, empresas) capaces de hacer un seguimiento de cada sector productivo que informe de su evolución y adaptación a una serie de objetivos sociales y ambientales definidos previamente por los participantes de cada alianza; y finalmente, el establecimiento de horquillas de precios mundiales accesibles para los productos de primera necesidad y energéticos, y otros en función de criterios de justicia social, y desarrollar un principio de proximidad o subsidiariedad comercial según el cual la escala internacional ha de reducir su peso y centralidad actual en el comercio mundial, especializándose en el comercio de productos que los mercados locales o regionales no puedan suministrar (ver más propuestas sobre comercio internacional en *Economía mundial)