La seguridad es el bien más preciado de los seres humanos. Algunos han llegado a afirmar incluso que la seguridad viene antes que la búsqueda de la felicidad entre las prioridades de las personas. La seguridad es múltiple: seguridad alimentaria, para no tener hambre; seguridad ecológica, para no ser asfixiado por la contaminación del aire o inundado por los tsunamis o la crecida de los ríos y los maremotos; seguridad de la vida, del cuerpo y de la mente, para no estar enfermos, etc. Algunas sociedades han construido complejos sistemas de seguridad social y de pensiones para que la gente esté segura durante toda la vida. Pero hay una seguridad que es básica y primordial: la seguridad de la integridad física, la seguridad de ser protegido, de no ser atacado, de no morir por una agresión. La seguridad es esencial para los seres humanos porque somos seres habitados por el miedo, conscientes del peligro y de nuestra propia mortalidad.

Organizar la seguridad ha sido una de las primeras tareas de las comunidades primitivas en las primeras sociedades humanas, tanto para la autodefensa frente a las agresiones de otros grupos humanos, de los animales o de los cambios climáticos, como para atacar a otros y defenderse aplicando la vieja consigna de que “la mejor defensa es el ataque”.

En los tiempos actuales la seguridad está a cargo de los Estados. Desde hace ya más de cuatro siglos, desde el tratado de Westfalia que puso fin a la Guerra de los Treinta Años –guerra que causó verdaderas hecatombes demográficas en Europa occidental- son los Estados quienes asumieron la tarea de la seguridad, tanto interior como exterior a sus fronteras. Desde la perspectiva de la gobernanza mundial, el problema en relación a la seguridad es que los Estados por sí solos no son automáticamente garantes de la seguridad. Los sistemas de seguridad de los Estados autoritarios representan un peligro para los habitantes, tanto mental como física. Sólo por dar un ejemplo, el sistema de seguridad de la Stasi en la República Democrática Alemana, en la época de la Guerra Fría, organizó un sistema de espionaje generalizado de miles de ciudadanos espiando a otros, en una suerte de paranoia que cundió además en los Estados llamados socialistas de Europa del Este y en la Unión Soviética que los inspiró y organizó. También son igualmente peligrosos los Estados autoritarios de los regímenes occidentales, tales como los de  las dictaduras militares, que ejercen el terrorismo de Estado, por ejemplo el dirigido por Augusto Pinochet que constituía un verdadero peligro para la supervivencia de los chilenos.

Las nociones de un Estado garante de la seguridad dieron origen a ideologías como la llamada “doctrina de la Seguridad Nacional”, concebida por ideólogos conservadores estadounidenses en los años ’50 la que fue puesta en práctica por los militares brasileños desde los años ’60. Dicha doctrina constituyó el sustento teórico e ideológico de los golpes militares de los años ‘60 y ‘70 en América del Sur.

Hacia el exterior de las fronteras de los Estados, el tipo de seguridad que pueden organizar los Estados se relaciona esencialmente con una relación de fuerzas, que muchas veces es fuente de guerras recurrentes, incluso con regímenes democráticos como ejecutores y causantes de las mismas guerras.  En consecuencia, tampoco en este ámbito los Estados se muestran capaces de garantizar por sí solos la seguridad de los ciudadanos y mucho menos de los soldados. Es en relación a esta última que podemos constatar que los Estados, entes destinados a garantizar la seguridad de sus miembros, no puede hacer responsable de esta facultad a los ejércitos, ya que las ocupaciones y las guerras son altamente peligrosas para la seguridad de las personas, soldados y habitantes del país en guerra, por las represalias, la captura de rehenes y el estado de vulnerabilidad que generan.

En el plano interno muchos Estados se muestran impotentes para garantizar la seguridad de los ciudadanos puesto que las policías son incapaces de frenar la expansión del crimen organizado de la droga, los tráficos -no sólo de estupefacientes sino también de seres humanos-. En muchos Estados las policías no son capaces de enfrentar la realidad de verdaderas guerras sociales que persisten en barrios, ciudades y zonas rurales. Esto es visiblemente notorio en Brasil, en particular, donde cada cierto tiempo la policía, transformada en verdadero ejército de ocupación interior, intenta pacificar las favelas sin éxito, puesto que poco después vuelven a instalarse las redes mafiosas y de tráfico, ocupando los circuitos de comercio e incluso de seguridad de los propios habitantes de las favelas. Hay que considerar además los casos frecuentes de corrupción de los propios policías, tal es así que son ellas mismas, las redes mafiosas, quienes protegen a los habitantes de las zonas pobres de los abusos que pueda cometer la policía nacional.

Por lo expuesto, vemos que la seguridad es una cuestión compleja y los regímenes democráticos representativos por sí solos no son garantía de seguridad de los ciudadanos. Se trata de una cuestión global que abarca todas las dimensiones: la seguridad alimentaria, ecológica, de salud física y mental y de integridad física[ref]Pour une gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Hugues de Courtivron. Serie Cuadernos de Propuestas del Foro por una nueva Gobernanza Mundial. http://www.world-governance.org/spip.php?article575&lang=fr[/ref].

Es por ello que la seguridad a niveles estatales requiere de un rol más activo tanto de los parlamentos como de la sociedad civil. Los parlamentos deben tener una capacidad de control y de evaluación de la actividad de la policía y de los ejércitos, pero no sólo ellos, sino también la sociedad civil y los ciudadanos organizados. Ciertamente no se trata de promover lógicas de milicias de autodefensa que puedan llevar a verdaderas guerras de trincheras. El desafío de un sistema de gobernanza que salvaguarde la seguridad de las personas debe estar basado no sólo en la promoción y defensa de los derechos. Más allá de eso, este sistema debe favorecer los valores de la cooperación y la solidaridad. A nivel internacional, en la medida en que los Estados no podrán garantizar por sí solos la seguridad de sus ciudadanos, hecho que se constata dramáticamente en la impotencia del Consejo de Seguridad de la ONU, sólo una verdadera cooperación pacífica entre los pueblos, acompañada de un desarme rápido y masivo -principalmente nuclear- y del abandono de todo intento de militarización podrá asegurar realmente la vida y la seguridad de cada persona y de las sociedades en su conjunto.

Las condiciones para una seguridad basada en la cooperación, en el respeto mutuo y en la solidaridad aparecen como un objetivo que puede resultar utópico, pero en realidad es un pilar fundamental para la nueva arquitectura de la gobernanza mundial pacífica y responsable que el mundo actual requiere.